10 julio 2017

Todo monopolio estatal o privado es atentatorio a la libertad y al trabajo

Abogados advierten que pueden proliferar sociedades fantasmas sin control en trámites ingresados al Registro de Comercio electrónico, a través de firma digital vía internet, que puede ser hackeado.




Toda Constitución Política del Estado, en esencia doctrinal, filosófica, significa que el Estado no debe centralizar, menos afectar los derechos de los ciudadanos a tener iniciativas propias, libertad de trabajo, asociación, contratos, o difusión de sus constituciones societarias a través de medios impresos, radiales, que viabilizan control social en torno a personas que constituyen empresas y el objetivo que tienen, señaló el Dr. José Wenceslao Jáuregui.

Añadió, la Constitución Política del Estado Plurinacional expresamente "prohíbe" la conformación de monopolios, oligopolios, privados y determina especificar, cuál la "necesidad pública" para que el Estado monopolice servicios.

Sugiere que la Fundación para el Desarrollo Empresarial en todo accionar haga preservar la Constitución Política del Estado en su contexto doctrinario y filosofal, por cuanto lo contrario podría convertirse en un boomerang contra las empresas e instituciones porque está comprobado que los hackers ingresan y manipulan datos, vía internet, peor si el sistema o programas diseñados son mal implementados.

Por su parte el Dr. Ronald Torres Armas manifestó: la Comisión de Reglamentación de la Ley 779, (de desburocratización) debió dar seguridad jurídica a nivel nacional para que en lo internacional haya confianza de inversiones, por cuanto ante la crisis global todo monopolio u oligopolio sea estatal y/o privado perjudica no solo a los empresarios sino al propio Estado, Indicó: La Asamblea Legislativa debe aclarar: primero, si con el mismo número 779 puede estar en vigencia también la Ley de lucha contra la violencia doméstica. Segundo, si está prohibido el oligopolio y monopolio a nivel privado, cómo se demuestra que el Estado no vulnere dicha prohibición porque la Ley 779, (de desburocratización) en su forma y contenido, es violatoria a acuerdos internacionales y normas legales .

Si el Registro de Comercio Electrónico estará administrado por el Ministerio de Desarrollo (que es parte del Estado) ¿qué papel juega Fundempresa?, solo será una especie de Caja del Estado y tendrá como fin el de alentar a que la actividad empresarial privada, pese a la coyuntura de la baja del precio del petróleo y de los minerales, sea el sostén del proceso político económico social, dejando de lado el derecho a la oportunidad de realización de las personas, con objetivos lícitos, sujetados a normas que precautela la vigencia de la libertad en todo sentido, colectivo, particular?

Advierten que "sin el debido control u observaciones en trámites ingresados al Registro de Comercio vía electrónica , pueden proliferar sociedades fantasmas, a través de firma digital vía internet "que puede ser hackeado". La CPE en el Art. 52.I. señala: "Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. II. El Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales, así como las formas democráticas organizativas empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos".

El Art. 314 indica: "Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios".

Los Dres. Javier Albarracín y Gonzalo Torres, expresaron: " Acaso el Estado no es una persona jurídica, colectiva, social, política y económica?". El Art. 316 numeral 8 en cuanto a la función del Estado en la economía especifica: "Determinar el monopolio estatal de las empresas productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en caso de necesidad pública". Manifestaron: "Habiéndose promulgado la Ley 779 referente a la "Desburocratización para la Creación y Funcionamiento de Unidades Económicas" no es admisible que el Estado centralice o conculque los derechos de los ciudadanos a tener iniciativas propias, libertad de trabajo, asociación, contratos, o difusión de constituciones societarias a través de medios impresos, radiales y tecnológicos que viabilicen control social en torno a personas que integran empresas y el objetivo que tienen.

 La Asamblea Legislativa a tiempo de aprobar la Ley 779 (Desburocratización) en el texto de la misma, no especifica cuál fue el "caso de necesidad pública". Letrados del Foro Nacional y Paceño sugieren que la Fundación del Desarrollo Empresarial de Bolivia en toda acción preserve la Constitución Política del Estado, de lo contrario, un sistema digital diseñado de registro electrónico de empresas, será restrictivo y si es mal implementado podría convertirse en boomerang contra las empresas y sus patrimonios.

La Asamblea Legislativa -expresaron-, con carácter previo debe aclarar "si es de necesidad pública monopolizar el registro de empresas vía sistema electrónica, cuando está prohibido el monopolio para que haya confianza de inversiones, toda vez que ante la crisis global todo monopolio estatal perjudica no solo a empresarios del sector privado sino al Estado, atenta contra la libertad de trabajo, lícita asociación y objetivos, libertad de escoger medios que estime conveniente para la amplia difusión de publicidad, que no debe obedecer a un lineamiento matriz, o modelos de minutas en línea.

 La plataforma que fue diseñada y elaborada –se dice-, por Fundempresa, "para que beneficie a los empresarios con el fin de desburocratizar, simplificar y abaratar los costos en la tramitología del servicio", hubiera sido importante se lo haga en base a un estudio previo sobre tecnicismos y semántica que se utiliza en la conformación de empresas de Responsabilidad Limitada y de Sociedades Anónimas, que no tienen un solo objetivo, lo negativo es imponer una matriz minutaría en línea que no corresponde a las nuevas realidades, sobre todo económica empresariales, toda vez que un 18% de S.R.L. y 1% de S.A. y un 81 % Unipersonales inscritos al año 2015, a la fecha puede tener una variación ostensible, pues la situación económica tiene variables, se desprende esa lógica porque el Presidente del Estado, Evo Morales Ayma, afirmó que "la desocupación, desempleo, es del 4.14 %".

No se debe ignorar que el doble aguinaldo puso en jaque mate a muchísimas empresas unipersonales, de Responsabilidad Limitada, que no están supeditados al comercio interno sino a la producción y costos externos en materia prima y fomento a las exportaciones. Es preciso que el Legislativo aclare "en qué disposición legal se determina dicha "necesidad". Los abogados citados advirtieron: "Como está concebida la Ley 779, puede ser objeto de demanda de puro derecho, de inconstitucionalidad".

Fuente.

Sistema Yuriña.
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