03 agosto 2016

Abrir un negocio en Bolivia



por Javier Paz García. 

El Banco Mundial publica anualmente el reporte Doing Business en el que clasifica a los países según la facilidad para hacer negocios. Según la edición 2016, en Nueva Zelandia se requiere un solo trámite para iniciar un negocio, demora medio día y cuesta el 0,3% del PIB per cápita. Por el contrario, en Bolivia, comenzar un negocio toma en promedio 50 días, 15 trámites diferentes y cuesta el 57,9% del PIB per cápita. Es decir, un boliviano promedio debe gastar siete meses de sus ingresos para abrir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y además ir por una serie de trámites, colas, esperas, en muchos casos innecesarios y siempre improductivos. 

Algo que me llamó la atención sobre el reporte es que Bolivia es uno de solo cinco países en el mundo donde abrir un negocio (SRL) requiere el uso de servicios legales y notariales. En casi la mitad del mundo, para crear una SRL, no se necesita ni contratar abogados ni apelar a notarios de fe pública, porque los procedimientos son simples y los testimonios de constitución son estandarizados y validados por la misma agencia que registra las empresas. En la otra mitad del mundo abrir una SRL requiere el uso de abogados o notarios, pero no ambos. En Bolivia, donde los legisladores y burócratas ponen especial cuidado en hacer las cosas tan complicadas como sea posible, se requiere contratar ambos servicios y, además, completar una serie de trámites que no tienen ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el municipio de pedir una licencia ambiental para una oficina o un negocio de bienes raíces? 

En fin, si analizáramos detenidamente todos los trámites por los que tienen que pasar los emprendedores, veríamos que fácilmente podríamos recortarlos por la mitad, en número, en tiempo y en costo monetario, y si quisiéramos hacer un esfuerzo, podríamos reducir a un par de trámites y unos cuantos días para abrir un negocio. Por supuesto, por cada trámite adicional existe un grupo de funcionarios públicos que ganan un sueldo y un ejército de tramitadores que ofrecen al emprendedor evitarse el dolor de cabeza de las colas, documentación incompleta, mala información y tiempo a cambio de encarecer el trámite. Y como las campañas políticas requieren un ejército de militantes a quienes hay que recompensar, la función pública se convierte en un botín, un monumento a la ineficiencia y una multiplicación de trámites innecesarios y costosos para el ciudadano, pero beneficiosos y rentables para los partidos políticos.

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