14 abril 2016

COTEL contrató por Bs 2, 8 MM a bufete para anular un contrato



COTEL contrató por Bs 2, 8 MM a bufete para anular un contrato

Freddy Barragán / Página Siete. COTEL enfrenta otra crisis tras la detención de su ejecutivo.

Sergio Mendoza / La Paz

La directiva de COTEL firmó en octubre de 2014 un contrato por 2,8 millones de bolivianos con un estudio jurídico para anular la compra de Imagen Televisión Satelital (ITS) y recuperar siete millones que habían perdido en un proceso civil iniciado por los propietarios de esa empresa.
 
El presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Fabián Guillén,  detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro por presuntamente participar en un consorcio ilegal, encabezó la lista de los ejecutivos que firmaron el documento con el representante legal del bufete Servicios Legales Corporativos, Bernardo Eid.
 
En el contrato se estableció que COTEL pagaría  350 mil bolivianos por recuperar los siete millones y otros  2,5 millones de bolivianos por anular la compra de ITS. Eid (el contratado) explicó a este medio que él sólo  pidió lo que COTEL estaba dispuesta a pagar, de acuerdo con la licitación.
 
Página Siete accedió a los términos de referencia de la contratación, en los que la cooperativa ofrecía el 5% de los siete millones de bolivianos a quien  recuperara ese monto; asimismo, ofrecía el 5% de 53,1 millones de bolivianos, que había pagado por la compra de ITS, a quien anulara ese contrato.
 
Según el  arancel del Colegio de Abogados, el contratante debe pagar el 10% del monto que esté en litigio en procesos civiles. En este caso, COTEL anunció en los términos del contrato que iba a pagar sólo el 5%.

Por tanto, se observó que el 5% de los  53,1 millones de bolivianos (que significa 2,5 millones aproximadamente) se pagaría sólo por anular el documento de compra y no así por recuperar el monto que se pagó por adquirir ITS.
 
Además, los  53,1 millones no figuran en el contrato con el bufete Servicios Legales Corporativos. Al consultar a Eid sobre el cobro de estos montos, aseguró que no recibió ninguno, pues se apartó de estos casos por incumplimientos de COTEL. 
 
"No recibí más de 2.000 bolivianos por algunos trámites iniciales. El resto no quisieron pagar y yo renuncié sin avanzar más en el proceso", sostuvo.
 
Éste es uno de los contratos observados por el cual Guillén se querelló contra el abogado Jhonny Castelú, quien sostuvo que es irracional pagar una cifra millonaria por la sola presentación de una demanda de nulidad.
 
A esto se suman otros tres contratos que la directiva de COTEL firmó con el abogado Milton Mendoza (prófugo de la justicia) por  317 mil bolivianos (45.000 dólares) en tres procesos.  
 
El abogado de Guillén, Prudencio Flores, dijo que sólo conoce sobre la suscripción de un contrato con Mendoza para la defensa de un amparo constitucional interpuesto por Castelú contra COTEL en diciembre de 2015. Sobre el resto sostuvo no tener información. "Pero sería anticonstitucional que ahora la Fiscalía incluya otros contratos en la investigación, cuando mi cliente está detenido sólo por un supuesto tema de consorcios por el amparo constitucional".
 
En total, la cooperativa paceña presupuestó al menos 3,1 millones de bolivianos (447.844 dólares) para cancelar a abogados externos por diferentes procesos que tuvo. Tres de ellos fueron firmados en menos de un año por los ejecutivos de la cooperativa. 
 
Tres documentos
  • Mendoza La directiva de COTEL contrató al abogado Milton Mendoza, prófugo de la justicia, en al menos tres oportunidades de abril a diciembre de 2015. Por sus servicios se acordó pagarle 317.200 bolivianos (45.000 dólares)  si  los resultados de los procesos eran favorables a la cooperativa; pero al firmar los contratos se le debía entregar 158.600 bolivianos en total.
  • Amparo El Ministerio Público investiga a Milton Mendoza (abogado de COTEL) y al exvocal Fernando Ganam por supuestamente transar el resultado  de un amparo constitucional interpuesto por Johnny Castelú, exconsejero de la cooperativa. En este proceso, una exjueza, un fiscal y un abogado son investigados por consorcio ilegal de juristas, fiscales y jueces.

Abogado del caso Ganam es enviado a la cárcel 

El abogado Vladimir Flores fue remitido ayer preventivamente al penal de Patacamaya por orden de la jueza Rosmery Pabón, tras ser imputado por los delitos de consorcio de jueces, abogados y fiscales en grado de complicidad y acusado de ser nexo entre el exvocal Fernando Ganam y el jurista prófugo de la justicia Milton Mendoza.

"La comisión de fiscales fundamentó la imputación contra Flores y los riesgos procesales, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó detención preventiva en Patacamaya, al existir suficientes elementos de convicción", confirmó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco. 
 
Indicó que los fiscales Ánghelo Saravia y Jenny Quispe evidenciaron que hay los riesgos procesales como que no acreditó un arraigo natural y social, referentes a la familia y al domicilio. 
 
Además, Blanco indicó que se alegó que el imputado podría realizar acciones para entorpecer la investigación mediante influencia en testigos, jueces, magistrados y personal del Órgano Judicial.
 
Los fiscales demostraron que Flores trabajaba como abogado en el estudio jurídico de Mendoza, actualmente prófugo de la justicia, quien transaba amparos constitucionales de la cooperativa telefónica COTEL con el exvocal Ganam, detenido en la cárcel San Pedro.
 
Finalmente, el Ministerio Público demostró que en el allanamiento a la oficina de Flores se hallaron tres cuadernos jurisdiccionales y una resolución de amparo constitucional.

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