07 marzo 2016

Pallero: “Los funcionarios deben tolerar más difamaciones y calumnias”


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¿Es posible regular las redes sociales? 
Es posible dependiendo del  tipo de regulación. Hay reglas que  pueden ser más fáciles o  más difíciles de hacer cumplir.
 
En Bolivia se busca regular las RRSS con el argumento de que a través de éstas  se cometen delitos como la trata y tráfico de personas o la pornografía infantil.  ¿Es válida esta postura?
Se dice que en las redes sociales puede pasar cualquier cosa, incluidos delitos. Sin embargo, lo interesante  es que esos delitos que se comenten  a través de las redes pueden ser investigados y sancionados de igual forma que los que se comenten fuera de esos espacios.   En el Código Penal boliviano hay delitos que ya están establecidos y que pueden  aplicarse a las redes sociales. Es un mito eso de que las redes sociales no están reguladas.
 
Entiendo que quienes plantean una regulación de redes  buscan  evitar también que se difame a  figuras públicas como el Presidente. Ahí   hay varios problemas. Por un lado hay  uno de tipo  legal pues la  libertad de expresión es un derecho de todo el mundo  al igual que el derecho al  honor. Pero, en el caso de los funcionarios públicos la difamación no funciona  igual que para una persona común y corriente. 
 
Hay legislación internacional como el pacto de San José de Costa Rica, un tratado que Bolivia firmó, que dice que los funcionarios públicos tienen  la obligación de tolerar más la difamación e incluso las injurias y calumnias porque son parte de la crítica que el pueblo hace a los gobernantes y eso es un derecho superior al derecho al honor que pueda tener un funcionario público. Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a muchos países que reformen sus leyes para reflejar esto. 
 
Se dice que una regulación de las RRSS tendría como resultado  la criminalización  del usuario  y  la censura previa. ¿ En qué medida  esto es cierto? 
Es cierto, pues  si se prohíbe el anonimato  cada persona que tenga un perfil falso en redes sociales, sea anónimo o seudónimo, va a estar incurriendo en  un delito. Entonces,  el Estado va a tener que perseguir a cada  persona  que abra una cuenta con  un nombre falso. Eso supone   construir una base de datos sobre quienes tienen o no un  nombre verdadero y eso implica un  trabajo enorme. 
 
Supongamos que tenemos un  anónimo en Facebook que está haciendo difamación. Para investigarlo la Policía Boliviana va a tener que recurrir a herramientas técnicas,  pedidos de informes a Facebook y al  proveedor de servicios de internet y cruzar esos datos para ver si hay alguna coincidencia. Es decir,   hay mucho movimiento de investigación que va a tener que potenciar el Estado sólo por el delito de ser anónimo.
 
Si uno se dedica a buscar a los que difaman  puede hacer ese mismo procedimiento. 
 
Incluso se puede investigar a nivel  policial, desde el anonimato,  temas como la trata de personas. Podrían hacerse pasar  por una persona y hablar con el presunto secuestrador para así dar con éste. De hecho,  en el mundo la Policía utiliza mucho el anonimato contra los cárteles de drogas u otros. 
 
En vez de ponerse a perseguir a los anónimos pueden usar los mismos procedimientos técnicos para perseguir a los que realmente cometen delitos. 
 
Ahora, en el caso de la censura, al querer prohibir el anonimato, buscan un efecto  inhibidor,  pues cuando a las personas se les obliga a poner su nombre real, uno no va querer dar a conocer sus opiniones.  
 
En Bolivia, Facebook  ha funcionado como una plataforma para articular campañas políticas de cara al referendo del pasado 21 de febrero. Campañas que en algún momento habrían  hecho  abuso de la libertad de expresión justamente por el uso de insultos, difamación u otros temas... 
 
Actualmente hay un  debate sobre la violencia en las redes sociales. Pero no cualquier violencia, sino  de esa  violencia extremista y   que llama a la acción. De hecho, la libertad de expresión tiene un par de límites, uno de los límites que se reconocen internacionalmente es el discurso de odio que incite a la violencia. Por ese lado el Gobierno tiene razón. 
 
Pero para regular eso lo que hace falta es regular por vías penales, pero no prohibiendo el anonimato pues si uno hace eso se mete en un problema más grande, como ya se explicó. 
 
En ese sentido, lo que hace falta es mejorar las capacitaciones para la Policía, para que ésta  pueda tener herramientas, mejores peritos informáticos  y puedan pedir informes a las redes sociales. También  hace falta mejores mecanismos de comunicación con las redes sociales como Facebook y   campañas de concientización sobre  valores, pues con  la amenaza del castigo  no se soluciona. 
 
¿Qué recomendaciones le daría al Gobierno y las instancias que están interesadas en este tema?
Que abran el debate, que vayan despacio, que no se apuren, porque cuando uno se apura sacan leyes que son poco útiles o que después resultan ser inconstitucionales.  El delito de difamación al funcionario público que se llama desacato está en el Código Penal boliviano pero fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional Plurinacional y ese delito no se aplica más en Bolivia porque uno tiene el derecho de difamar a los funcionarios porque es una forma de expresión política. Creo que es importante que  se abra el diálogo y se escuche a la sociedad civil.
 
Hoja de Vida
Experiencia Pallero estudió derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).  Es experto en temas de regulación de internet.
Especialidad Es  analista de políticas públicas. Trabaja  en Access Now, organizacion internacional que defiende los derechos de los usuarios de internet.

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