07 enero 2014

La utilidad de un Satélite para la digitalización de los juicios.



Es hora de analizar posibilidades, prever posibles eventualidades y riesgos imprevistos, así como también medir consecuencias con serenidad y objetividad sobre la digitalización de los juicios, siempre en resguardo de los derechos e intereses de los justiciables…
La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*
00:00 / 07 de enero de 2014
Un saludo cordial a todos/as los lectores/as de esta columna, a quienes agradezco por su gentil atención con los mejores deseos de éxito para este nuevo año.
Desde aquí anuncio la reanudación de mis actividades para comentar y opinar reflexivamente con visión crítica y constructiva sobre ciertos aspectos de la vida política, institucional y jurídica de nuestro país, atento a las constantes innovaciones legales que está atravesando el mundo jurídico.
Como es bien conocido, el lanzamiento del Satélite boliviano Túpac Katari (bajo el lema “volveré y costaré millones”) fue la noticia feliz con la que cerramos con broche de oro el pasado año, ingresando así con pie derecho a la “era espacial”, dado que ciertamente importa un avance tecnológico necesario para un país como el nuestro, que ahora se ha convertido en la quinta nación latinoamericana (de un total de veinte) que tiene su propio satélite, después de México, Brasil, Argentina y Venezuela; aunque, claro, la millonaria inversión económica que supuso este artefacto espacial bien hubiera servido para otro tipo de políticas mucho más urgentes que se necesita encarar en el país.
En todo caso, el satélite ya está en órbita y ahora el mundo judicial también será beneficiado de sus enormes utilidades, dado que el Consejo de la Magistratura ha anunciado la digitalización de los juicios en Bolivia, habiendo creado la Red Integrada de Tecnología Judicial que permitirá la transmisión de voz y datos de los usuarios del sistema judicial, logrando también conectar a todos los juzgados del país, lo cual supone una modernización de la administración de justicia.
Esto obedece a que el Consejo de la Magistratura, para dar una mejor aplicación a los nuevos “Códigos Morales”, ha desarrollado una infraestructura técnica para utilizarla en la administración de justicia en el país, con el objetivo principal de reducir los plazos y tiempos procesales, transparentar la información y digitalizar los documentos hasta eliminar paulatinamente el uso del papel.
En este sentido, y sobre la base de datos de todos los usuarios/as del sistema judicial en el país, se pretende aplicar un Sistema Integrado Multimateria que permitirá el control y seguimiento de las causas que ingresen por plataforma, en cada uno de los tribunales departamentales.
Asimismo, se prevé también la implementación de un Sistema Nacional de Registro Público destinado a la atención de Derechos Reales, además de un servicio de Biblioteca Virtual relacionada a las labores de teleeducación que permitirán al juez, en cualquier parte del país, acceder a cursos de capacitación en línea.
Estas herramientas tecnológicas podrían facilitar enormemente la transición del sistema escriturado hacia la oralidad, además de permitir la resolución de causas en menor tiempo. Esto es algo muy favorable, sin embargo, no parece sensato pensar que los sistemas electrónicos sean infalibles, porque, como toda obra humana, pueden ser afectados por errores electrónicos de conectividad no previstos al momento de su implementación.
Y la digitalización de los juicios también tiene que ver con la forma en que se realizarán las diligencias judiciales para dar inicio a un proceso judicial, dado que con el uso de la tecnología se prevé que una causa ingresará por plataforma y automáticamente se procederá al sorteo del proceso para después enviar toda la documentación digitalizada a la computadora del juez para que ya conozca del proceso.
Y, exactamente, ¿en qué momento la autoridad jurisdiccional asumirá competencia sobre un caso?, ¿desde que tenga conocimiento “virtual” de los antecedentes y de la demanda o desde el momento en que tenga que emitir un pronunciamiento escrito de admisión o rechazo de la demanda?.
Cabe hacer notar que es difícil medir la confiabilidad de esta digitalización de documentos, dado que hay algunos escritos (antiguos) que muchas veces las partes adjuntan a su demanda en calidad de prueba preconstituida y, sin embargo, no es posible establecer su autenticidad (exenta de posibles adulteraciones), sino por medio de la verificación directa (visual) y constatación real (táctil), para admitirlo como medio de prueba idóneo que pueda surtir efectos dentro del proceso previa valoración judicial.
También se prevé que cada decisión judicial sea comunicada a los abogados, fiscales y litigantes, mediante un mensaje a sus teléfonos celulares y/o al correo electrónico que hubieren señalado en sus memoriales; siempre y cuando las partes no hubieren cambiado (voluntaria o forzosamente) de número telefónico o de correo electrónico o que el mismo no esté saturado de mensajes e e-mails y que no hubieran dado a conocer oportunamente esta situación a la autoridad jurisdiccional.
Asimismo, con el número específico asignado a cada proceso, se dice que el abogado podrá ingresar a un buzón electrónico que estará en la página web del Consejo de la Magistratura para conocer la determinación del juzgado; siempre y cuando dicha página no hubiera sido “hackeada” o afectada por un virus que pueda afectar tan gravemente el sistema, que omita ciertos datos o que tergiverse los mismos en sentido contrario a lo que son en la realidad, todo ello debido a la infalibilidad de los sistemas electrónicos, aquí o en cualquier parte del mundo, más aún si se considera la pésima velocidad de conexión a internet con la cual lidiamos diariamente todos los internautas en el país.
Con los reparos y las objeciones que apunto de manera sencilla pretendo poner en evidencia que en Bolivia aún no estamos preparados para una digitalización completa y desarrollo netamente virtual de los procesos judiciales, lo cual no es malo, sino loable, pero que debe realizarse de manera progresiva.
Con lo que debería iniciarse es con una prueba piloto de transmisión virtual en directo de los juicios orales o de las sesiones de Sala Plena que se realizan tanto en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Tribunal Agro- ambiental, en el Tribunal Supremo de Justicia y también en los tribunales departamentales a fin de medir el funcionamiento real y continuo de las páginas web de cada una de estas instituciones y su capacidad de transmisión virtual ininterrumpida en todos los departamentos del país.
Entonces, es absolutamente plausible la iniciativa de modernizar la justicia y digitalizar los juicios, no obstante, previamente debe analizarse el impacto que tendrán estos mecanismos en los procesos judiciales y, asimismo, debe pensarse en prever consecuencias e imprevistos debido al enorme grado de falibilidad y riesgo de los sistemas electrónicos, a fin de no perjudicar los intereses de las partes en un proceso y, sobre todo, el derecho a la privacidad que implica la posibilidad de que algunas o muchas personas no quieran dar a conocer la “faceta litigiosa” de su vida personal o familiar, lo cual debe preservarse y quedar sujeto a la voluntad de cada individuo.
Es hora de analizar posibilidades, prever posibles eventualidades y riesgos imprevistos, así como también medir consecuencias con serenidad y objetividad sobre la digitalización de los juicios, siempre en resguardo de los derechos e intereses de los justiciables que acuden al sistema de administración de justicia en el país.
* Es abogado diplomado en Derecho Procesal Civil y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.
Fuente: La Razón
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