13 diciembre 2013

Software libre .



Dejar de pagar por las licencias para el uso de programas de computación significará para Bolivia un ahorro de unos 6 millones de dólares al año. Por eso es que la Ley 164 de Telecomunicaciones y su decreto reglamentario establecen el uso de software libre.

Al adoptar software libre se prevé dejar de lado la dependencia tecnológica de Estados Unidos. Según las autoridades de Gobierno, esto contribuirá también a garantizar la seguridad del Estado y a evitar el espionaje norteamericano. Las grandes empresas del internet Microsoft, Google, Apple, Facebook, LinkedIn, Yahoo, AOL y Twitter pidieron al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, “que se limiten las prácticas de vigilancia”. Un día después, más de 500 de los principales autores del mundo condenaron la vigilancia estatal denunciada por Edward Snowden y afirmaron que las agencias de espionaje están socavando la democracia.

Por su parte, el fundador del movimiento por el software libre Richard Stallman, alertó sobre la existencia de "puertas traseras" en los programas y dispositivos con software privativo, para controlar y "espiar" a los usuarios. 

Stallman denunció funciones “malévolas” en los programas y aplicaciones para teléfonos inteligentes, así como en las herramientas que permiten convertir los dispositivos en aparatos para escuchar a los usuarios.

El software libre debería usarse en las escuelas, porque si los estudiantes aprenden solo el software privativo, pueden adquirir una especie de grilletes. Por ello. Stallman anima a las administraciones públicas a migrar al software libre.

En Bolivia, el decreto reglamentario de la Ley 164 de Telecomunicaciones abre paso al Estado al "gobierno electrónico" por vía del acceso al software libre. La meta es que los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral empleen la tecnología en todos los actos públicos y procedimientos. Esto contribuirá a la transparencia en los servicios públicos, así como a un mayor acercamiento de la población con las autoridades. El plazo establecido por el decreto para la aplicación del software libre en todas las entidades públicas es de siete años.

La incorporación de la tecnología en la vida cotidiana de las personas y en las actividades privadas y públicas es cada vez mayor. Exige que las autoridades adopten políticas de democratización, de seguridad y de respeto al derecho a la privacidad.

Subeditorial del periódico Opinión, 13 de diciembre de 2013.
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