13 diciembre 2013

Argentina: la capacidad discrecional del Gobierno sobre las políticas de telecomunicaciones.


Hace ya más de un año que el Gobierno concretó un anuncio que sorprendió a todos los actores interesados en el sector de las telecomunicaciones: la cancelación de una subasta de espectro en marcha y la asignación de esas bandas a la empresa estatal ArSat con la intención de que comience a prestar servicios móviles.

Desde entonces, sin embargo, no ha habido ningún avance concreto en la iniciativa, ni información pública precisa sobre los planes y cronogramas.

Lo que, por cierto, afecta a las programaciones del resto de las empresas del sector: no sólo los operadores incumbentes, que se enfrentan a un competidor de nuevo tipo (con respaldo estatal) del que poco saben, sino también de otras empresas interesadas en ingresar al negocio (como operadores o cooperativas regionales o locales), a quienes se informó inicialmente que podrían hacer uso de la red de ArSat para brindar servicios móviles.

Y no sólo la incertidumbre impacta sobre la prestación de los servicios, sino también el hecho de que la porción de espectro asignada a ArSat (más del 20 por ciento del total atribuido a comunicaciones móviles) se encuentra oficialmente fuera de uso. La iniciativa, en definitiva, sigue a la espera de las decisiones del mando político del sector, y de los acuerdos o las imposiciones que éste resuelva llevar adelante para comenzar a prestar servicios.

 Se trata sin duda de una situación peculiar, pero que refleja una característica largamente asentada del proceso de toma de decisiones sectoriales: la capacidad discrecional de la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional. Eso es lo que nos proponemos analizar en esta columna.

Quien esté al tanto de la política argentina reconocerá un modo habitual en los procesos de toma de decisiones del actual Gobierno nacional: la reserva en cuanto sea posible en la elaboración de la medida, y la sorpresa en un anuncio rimbombante pero poco específico, como modo de eliminar o reducir la interferencia de potenciales actores de veto y presentarse como quien lleva la iniciativa.

Y en todo caso, si la política en cuestión lo exige, sentarse a partir de ahí a negociar la implementación con los actores involucrados o de cuyo recurso se exige. Pero esta lógica se refuerza en el caso particular de las telecomunicaciones, dado que el marco normativo vigente exalta las capacidades discrecionales del Ejecutivo para la toma de decisiones, sin exigirle tomar en cuenta de modo institucional la participación y los intereses de otros actores interesados.

Este marco normativo está fundado en la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, sancionada en 1972 bajo el gobierno de facto del general Alejandro Lanusse, que atribuye al Ejecutivo Nacional plena competencia para establecer, explotar, autorizar a terceros y controlar todo servicio federal de telecomunicaciones.

 Desde entonces, hubo escasos proyectos de actualizar la ley, ninguno de los cuales llegó a tratarse en plenario en las cámaras del Congreso. Los sucesivos gobiernos han preferido, en cambio, promover modificaciones parciales mediante resoluciones administrativas y decretos ad hoc, lo que ha conformado un marco fluctuante y poco ordenado, resaltando la discrecionalidad gubernamental. En este contexto, se debe destacar la casi nula participación del Poder Legislativo en la fijación de las políticas del sector.

 En estos 40 años, sólo intervino en forma directa en 1989 para dar su aprobación general a la Ley de Reforma del Estado que habilitó la privatización de empresas públicas, incluyendo las de telecomunicaciones, tras lo cual sólo se limitó como cuerpo a “expresar preocupación” ante alguna coyuntura puntual de relevancia pública.

Y aunque existieron algunos –pocos– proyectos presentados por legisladores o bloques minoritarios destinados a reglamentar aspectos parciales de las telecomunicaciones, nunca lograron superar el ámbito de las comisiones parlamentarias.

A lo que se suma la excepción que confirma la regla, cuando en 2004, como consecuencia de la reacción pública a un conocido caso de secuestro delictivo (en el que se utilizaron teléfonos celulares no registrados), el Congreso sancionó la Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles 25.891, una norma extremadamente genérica destinada básicamente a establecer “la prohibición de comercialización de servicios por revendedores, mayoristas y cualquier otra persona que no revista carácter de legalmente autorizada para ello”, pero que no avanzó de ningún modo en la regulación del servicio.

Y que, como muestra de lo que venimos diciendo, no fue reglamentada por ningún Gobierno desde entonces, por lo que no se encuentra en práctica.

Fuente: Telesemana.
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