04 octubre 2013

¿Nuevas nacionalizaciones?


¿Nuevas nacionalizaciones?
Hace una semana el presidente Evo Morales amenazó con nacionalizar  las empresas de telefonía e internet Tigo y Viva. Lo hizo en un acto en el que se analizaba la lucha contra la delincuencia en el país. "ENTEL contribuye a la investigación rápida sobre algún secuestro u otros delitos que cometen algunos compatriotas. Estos delincuentes ahora usan a Tigo o Viva y quiero que sepan que estas dos empresas privadas de telecomunicación, espero no equivocarme, no están ayudando a la investigación oportuna”, dijo el Jefe de Estado. "Si siguen así, no me va a temblar la mano en nacionalizar estas empresas”, expresó.

Las empresas reaccionaron informando que siempre han estado dispuestas a colaborar con las autoridades en cualquier asunto referido a combatir la inseguridad ciudadana y demandaron para ello coordinar acciones con funcionarios de distintas reparticiones estatales. Sin embargo, deben hacerlo en el marco de la Constitución, que impide la violación a la privacidad, por ejemplo de una llamada telefónica. 

Existe una delgada línea entre ayudar a combatir un delito y afectar los derechos de los ciudadanos inocentes. Por eso, para las empresas (y el resto de la sociedad) actuar conforme a la ley es la mejor y más importante guía.
En este contexto la declaración puede resultar apresurada. Una nacionalización  debería ser parte de un extenso y matizado análisis económico, legal, social, etc. No puede simplemente ser una acción espontánea, tomada al calor de un discurso. 

Otra nacionalización viene de inmediato a la mente en este escenario: la de Fancesa, una empresa que pertenecía en dos tercios a Soboce y que hasta hoy, a más de tres años de esa acción, no ha desembocado en un pago para los socios afectados, entre los que destaca Samuel Doria Medina, un dirigente de la oposición. El hecho de no pagar demuestra que el Gobierno actúa por encima de la ley. 

Volviendo al tema de Tigo y Viva, su nacionalización sería un precedente negativo para la seguridad jurídica del país. Ambas controlan el 56% de la telefonía y servicios de internet en el país, y su presencia ayuda a que exista una competencia de precios, por tanto, por lo menos así lo indica la teoría, mejores servicios. Si ENTEL se quedara como única empresa en el sector, tendría monopolio, lo que sería negativo para el desarrollo de este sector y para los usuarios. La Constitución y las leyes protegen  la actividad privada en el país (y otras normas desalientan los monopolios), pero las autoridades parecen trabajar, en varios campos, en sentido opuesto a aquéllas.

Las empresas telefónicas reaccionaron informando que siempre han estado dispuestas a colaborar con las autoridades para combatir la inseguridad ciudadana.

Fuente: Pagina Siete
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