16 octubre 2013

Brasil: democracia 2.0.



Desde las filtraciones de Snowden, el país ha priorizado la aprobación de una ley que pretende regular la privacidad, la neutralidad y la seguridad de Internet.


Quizás todavía pueda existir Internet sin democracia, aunque los gobiernos autoritarios conocen la dificultad de frenar la democratización a través de Internet (véase China y su gran cortafuegos –great firewall– o la interrupción de Internet en Egipto orquestada por el régimen de Mubarak), pero ¿podemos tener democracia sin Internet? Brasil parece tener muy claro que, hoy, democracia e Internet son un tándem indisociable y está dispuesto a liderar la elaboración de una norma fundamental (constitución) de Internet.

El proyecto de ley conocido como Marco civil da Internet nació fruto de un proceso de participación entre el Gobierno brasileño, la sociedad civil brasileña y las empresas del sector de las TIC. Desde 2009, pues, se está elaborando esta norma que debería ser votada esta misma semana en la Câmara dos Deputados según apuntaba su presidente, Henrique Alves, el mes pasado.
Marco Civil es ambicioso y rompedor, puesto que a través de 25 artículos trata las cuestiones más importantes relativas a los derechos y deberes de los ciudadanos de la red (netizens). Una parte fundamental de la norma es la relativa a los poderes públicos. Sin duda Brasil quiere democratizar Internet y a través de Internet con esta norma. El capítulo reservado a los poderes públicos trata la participación ciudadana, la transparencia de los datos públicos y el deber de acercar los ciudadanos a Internet, en particular, a través de la educación. Así, se pretende reducir la brecha digital en la sociedad brasileña, promoviendo la alfabetización digital (digital literacy) y la expansión de la red en el territorio.
La norma va más allá, regulando aspectos más controvertidos a nivel internacional. Que Brasil quiera usar Internet para democratizar puede dejar indiferente a muchos pero no, así, que regule a los operadores de Internet –OdI– que son multinacionales. Desde las filtraciones deSnowden, Brasil ha priorizado la aprobación de esta norma para dar un claro mensaje a la comunidad internacional acerca de cómo pretenden regular la privacidad, la neutralidad y la seguridad de la red. Cada semana Rousseff ha compartido vía Twitter alguna información relativa aMarco Civil o al espionaje (por ejemplo, el sistema de encriptado que quieren implantar en sus comunicaciones electrónicas).
Con Marco Civil, Brasil apuesta por la privacidad del netizen y la neutralidad de una red segura. En primer lugar, la norma tutela la privacidad de los datos obligando a los OdI a proteger el secreto de las conexiones de los usuarios (registros de conexiones o logs) así como el contenido de dichas comunicaciones. Sólo, según lo previsto en esta norma y otras leyes se podrá retener los datos por un periodo de 12 meses, aunque su uso siempre deberá proteger la vida privada delnetizen, respetar el secreto de las investigaciones policiales y será tutelable por los tribunales. 

A dichas condiciones, la ley añade que los OdI no podrán dejar a ningún cliente sin conexión (salvo que no pague), así como elaborar contratos claros y, en especial, garantizar el mantenimiento de la calidad contratada y de la igualdad de tráfico entre datos. Dicha igualdad nos lleva a la neutralidad de la red. 

¿Pueden los OdI dar prioridad al tráfico de unos datos por encima de otros? Por ejemplo, ¿de los clientes que paguen más? La respuesta de Brasil es que no. La red debe permanecer neutra y, entre otras cosas, no operar con discriminaciones que alteren el tráfico libre de datos en la red. Además, también regula la responsabilidad de los OdI ante los contenidos potencialmente ilícitos de Internet. Ello es clave para asegurar la libertad de expresión en la red puesto que desde el momento en que los OdI pueden ser responsables de los contenidos, se les está pidiendo que los fiscalicen (incluso censuren). 
De momento, la norma exime por completo de responsabilidad sobre contenidos ilícitos a los proveedores de conexión, y, respecto a los proveedores de servicios, solo serían responsables de estos contenidos si no los retiran cuando una sentencia judicial así lo exija. Esta redacción ha sido celebrada por los defensores de la libertad de expresión en Internet y por los netizens, pero ha levantado algunas ampollas, en especial en el sector financiado a través de los derechos de autor.
De conseguir un consenso para su aprobación, cabrá esperar cómo se implementará una regulación nacional de un elemento global. A primera vista, podemos detectar el problema del trato de los datos. Se ha llegado a hablar de la obligación de custodiar los datos de brasileños en manos de cualquier empresa (como Google o Facebook) en territorio brasileño. De momento, esto no ha sido recogido por la norma pero, entonces, ¿cómo pretenden regular el uso de unos datos que transitarán por otros estados (con otras legislaciones)? 
No es de extrañar, pues, que Brasil esté tan centrada en la aprobación de la norma a nivel nacional como a nivel internacional (Rousseff ya la ha presentado ante Naciones Unidas y tiene la bendición del presidente del ICANN según rezaba su twitter) ya que solo un Marco Civil a escala global aseguraría la privacidad, neutralidad y seguridad de la red tal y como la está diseñando Brasil.
Clara Marsan es profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC
Fuente: El País.
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