07 octubre 2013

Billetera móvil, una oportunidad para mejorar los bonos y transferencias


por Gustavo Espinoza.


Las transferencias monetarias, desde hace varios años, se han convertido en una de las principales herramientas de política económica que se aplican en la región, no solo porque ofrecieron una salida menos costosa al fracasado sistema de subsidios que había proliferado en los años setenta, sino porque el desarrollo de encuestas y herramientas estadísticas permitieron identificar mejor a aquellas familias e individuos que realmente necesitaban recibir estas transferencias

. Evidentemente los bonos no son una solución perfecta, ya que no están libres, por ejemplo, de su uso como herramienta de promoción del político de turno, de la captura de los beneficios que estos bonos traen por pate de determinados grupos de poder o de malos usos que los propios beneficiarios podrían darle a los recursos recibidos. Sin embargo, la evidencia empírica ha demostrado que los beneficios de las transferencias monetarias superan en gran medida sus defectos.

 Las familias en general son bastante capaces de distribuir correctamente los ingresos que reciben, sin incurrir en las ineficiencias en las que se incurren cuando, desde una oficina central, se pretende direccionar el consumo, subsidiando la producción o comercialización de determinados productos “buenos”. 

El Bonosol, luego Bolivida y ahora Renta Dignidad (la primera transferencia no condicionada y de carácter “universal” de Bolivia y una de las primeras de la región), es un excelente ejemplo de esto. 

Ahora bien, uno de los principales problemas de diseño que se ha enfrentado en la puesta en marcha de una transferencia, sobre todo en países pobres, no ha estado relacionado con el bono en sí mismo, sino a la capacidad del aparato estatal para llegar al público objetivo, ya que casi por definición, la población más necesitada se encuentra en las áreas donde más carencias de infraestructura se tiene, por lo que la posibilidad de recurrir al sistema financiero como intermediario es limitada. 

Esto ha hecho que en muchos casos, los costos de distribuir y recibir esta transferencia superen a la transferencia misma. Ante esto, la difusión de tecnologías de comunicación móvil, relativamente baratas y masivas han permitido, a su vez, el desarrollo de nuevos productos financieros que podrían ser una solución viable y de muy bajo costo. 

Un ejemplo de esto son las llamadas “billeteras móviles”, que consisten en utilizar el crédito de una línea telefónica como efectivo, permitiendo su consumo en la propia línea o su uso para la adquisición de bienes y servicios o finalmente para su intercambio por el monto de la transferencia.

 Esto no es trivial, ya que permitiría, por ejemplo, que las transferencias a personas de la tercera edad, que enfrentan muchos costos de movilización, se hagan de manera segura y sin costo alguno para el propio beneficiario, permitiéndole disponer de la totalidad de la transferencia y aumentando, por lo tanto, la efectividad de la misma. 

También permitiría, por el lado del Estado, la eliminación de costos excesivos en los que se incurre cuando, por ejemplo, se debe recurrir a movilizaciones de funcionarios, equipo y dinero para llegar a localidades donde el propio sistema financiero no ha podido llegar, incrementando por lo tanto los recursos disponibles. 

Finalmente, la extensión de las transferencias y bonos, como política pública de distribución de las rentas generadas por la explotación de materias primas, representa una de las mejores opciones para atenuar presiones rentistas, siempre y cuando estas transferencias se hagan de forma universal, por lo que la necesidad de encontrar mecanismo que permitan sortear las limitaciones logísticas de una “redistribución” de recursos de esta envergadura resulta importante.

 Afortunadamente, en el caso de Bolivia, sin buscarlo, la nueva Ley de Servicios Financieros viabiliza la posibilidad de aplicar medidas de este tipo. Falta ver si existen las motivaciones políticas para ceder el control sobre los recursos que le pertenecen a cada uno de los ciudadanos.

Fuente: Economía Bolivia. 
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